El RACC pide legislación sobre la conectividad de los coches para la Protección de Datos

El RACC pide legislación sobre la conectividad de los coches para la Protección de Datos

 

Un estudio del RACC ha alertado este jueves de la falta de legislación en la conectividad de los coches de nueva generación a través de dispositivos móviles por lo que advierte un riesgo en la protección y el uso de los datos de los conductores.

En un comunicado, los expertos exponen que en un futuro cercano los propios coches enviarán información a los servicios de atención en carretera sobre el estado del vehículo, lo que podrá sustituir, por ejemplo, a la explicación que el conductor hace de una incidencia en carretera vía llamada telefónica.

Según el RACC, al firmar el contrato de compra de un coche, se incluye una cláusula en la que se acepta el envío de datos a la red propiedad de los fabricantes de vehículos, teniendo éstas el control del flujo de información, con el que podrían dirigir campañas de mantenimiento y reparación a los proveedores seleccionados, controlando así el mercado de servicios en carretera y obligando a los proveedores de servicios independientes a pagar por esa información.

La situación puede derivar en que los operadores que no tengan acceso a esa información no puedan operar y queden fuera del mercado, vulnerando el derecho de los conductores a elegir ofertas en este sentido, explica el RACC en un video informativo.

La decisión de no firmar el acuerdo de uso de la información podría llevar a no tener acceso a los servicios de inspección y reparación del vehículo.

Además, la falta de legislación hará que el usuario no sepa cuándo y qué información está enviando el vehículo y podrían obligar a enviar esos datos pese a que el conductor no quiera.

Según el RACC, en caso de no aceptar nuevas cláusulas de envío de información, el propietario del coche podría perder servicios o verse obligado a contratar otros que les saldrían más caros.

Por todo ello, piden que la legislación obligue a los fabricantes a que se solicite permiso para el acceso a los datos, que el propietario de esos datos siga siendo el propietario del vehículo, y que el conductor pueda elegir el proveedor de servicios, que deberá competir en un mercado abierto, permitiéndole el acceso a la información emitida por el coche a través de una plataforma segura.

 

 

Fuente: La Información

 



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