La banca aprieta a sus clientes para cumplir la ley antiblanqueo

La banca aprieta a sus clientes para cumplir la ley antiblanqueo

 

Cuenta atrás para que la banca ponga al día la información contenida en sus ficheros de clientes, y no precisamente porque vayamos a vivir la enésima reforma financiera de los últimos años sino porque quedan apenas cinco meses para que tengan que responder de las nuevas obligaciones que impone el reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. En virtud de ellas, deberán disponer de los documentos precisos para acreditar cuál es el origen concreto de los ingresos de esas personas.

En realidad, las entidades más diligentes ya se pusieron a esa labor meses atrás, conscientes de que el próximo 28 de abril concluye el plazo de cinco años que la referida norma preveía para realizar las adaptaciones necesarias. La mayoría ha venido enviando cartas similares a sus clientes desde el verano, donde se les comunicaban las nuevas «exigencias» de información.

En esas misivas, los bancos les explicaban que la citada Ley de Prevención del Blanqueo les obliga a «conservar digitalizados los documentos de identidad vigentes» (DNI, tarjeta de residencia pasaporte) de sus usuarios -en el caso de las empresas se solicitan también las escrituras de la sociedad, su estructura accionarial o sus poderes-, así como «tener actualizada la información sobre su actividad económica (por ejemplo, domicilio de trabajo y la empresa empleadora en el caso de trabajadores por cuenta ajena)». Por ello, les emplazaban a remitir esta documentación «lo antes posible».

Algunos daban un plazo concreto para dicha gestión -evitaban, sin embargo, detallar el período legal previsto para la entrada en vigor de los referidos cambios normativos-, otros simplemente hablaban de «a la mayor brevedad posible». Pero en lo que todos coincidían es en la clara advertencia que hacían a sus clientes en caso de no recibir «copia» de los datos requeridos -algunas entidades mencionaban, como ejemplos, las nóminas, las declaraciones de impuestos o los recibos de autónomos-: «no podríamos garantizarle la prestación del servicio».

Así de escueto, así de rotundo. Tampoco «nos sería posible iniciar nuevas relaciones de negocio, ni contratar nuevos productos», añadían en sus cartas las entidades, algunas de las cuales apuntaban además la posibilidad de llegar a «bloquear las cuentas». Y justificaban esas medidas severas en «la entrada en funcionamiento de una serie de limitaciones a la operativa habitual». «Incluso en el futuro -advertían-, en virtud de lo establecido en la propia ley, nos veríamos obligados a finalizar la relación de negocio con usted».

Las miles de misivas recibidas ya han provocado diversas quejas entre los usuarios bancarios, como constatan en las asociaciones Adicae y Ausbanc. Estas han explicado a sus socios que las entidades están legitimadas para pedir esa información, aunque estarán atentos para que no se excedan los límites legales.

 

Protección de datos

Y es que algunos clientes han llegado incluso a solicitar asesoramiento jurídico, al considerar que el nivel de detalle de los datos requeridos podría vulnerar la Ley de Protección de Datos. Su argumento, amén de la incomodidad y las molestias generadas, es que el control que se quiere aplicar ahora respecto al origen de sus ingresos habituales resulta «excesivo» en comparación con el descontrol habido durante los últimos años con la corrupción.

Desde la banca, no obstante, reconocen que la propia Ley de Prevención del Blanqueo permite discriminar entre distintos grados de aplicación de sus criterios (en lo relativo a la demanda de información) en función del perfil de riesgo que presente cada cliente. Y apuntan, además, que en 2013 aumentaron un 24,6% las comunicaciones (2.234 en total) sobre operaciones sospechosas que remitieron al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía y el Banco de España.

En total, dicho organismo tramitó 4.025 alertas ese año -según los datos cerrados hace apenas un mes-, un 31,6% más que el ejercicio anterior. Junto a entidades financieras, notarios, registradores (de la propiedad y mercantiles), auditores, contables y asesores fiscales, entre otros, son los grandes suministradores de datos al Sepblac. Y también deberán aplicar a sus clientes las nuevas exigencias legales de información que hacen los bancos. Aseguradoras, joyerías, establecimientos de cambio de moneda, empresas de transporte de fondos y entidades vinculadas al juego seguirán el mismo camino.

 

Penas bajas y justicia demasiado lenta

La estrategia española contra el blanqueo de capitales es bien valorada desde instituciones internacionales como el GAFI, el principal organismo intergubernamental (compuesto por 36 países) especializado en esta materia. Sus responsables destacan la fortaleza del sistema nacional, pero todavía ven algunas lagunas de peso. La principal es la lentitud que aún arrastran los tribunales para resolver los casos y, unido a ello, que las penas impuestas luego por los jueces «son bajas», pues muy pocas veces superan los dos años de cárcel.

 

 

Fuente: Finanzas.com



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