02 Ago “Desastre LexNet”: estas son las empresas detrás del fiasco informático de Justicia
Desastre LexNet. Es la forma en la que cientos de miles de abogados, procuradores y algunos colectivos de las fuerzas de seguridad han definido durante los últimos días lo que está ocurriendo con LexNet. Se trata del sistema telemático para gestionar las notificaciones entre los juzgados y los profesionales del sector, un sistema que la semana pasada quedó fuera de juego tras descubrirse un grave fallo informático.
LexNet resucitó el pasado domingo por la noche, pero ayer lunes volvió la confusión, con errores y reportes de nuevos fallos preocupantes. Ahora, todo un colectivo de profesionales pide explicaciones. Por un lado, al Ministerio de Justicia; por otro, y especialmente, a las empresas contratadas por este que han creado lo que ya se está calificando como la mayor chapuza informática de los últimos años pagada con dinero público.
Pese a tratarse de adjudicaciones de la administración, la información pública disponible sobre cuáles son las empresas que han estado involucradas en el desarrollo de LexNet es prácticamente nula. Y no será por no haber enviado solicitudes de acceso a información al Ministerio de Justicia. La más reciente, tramitada por un grupo de abogados, entre ellos Javier de la Cueva o David Bravo, data de abril del 2016. En ella se pedía a Justicia dos cosas: una “copia de toda la contratación administrativa relativa a la aplicación informática LexNet (tanto convocatorias como adjudicaciones) desde el año 2000 hasta hoy” y, la otra, “el acceso al código fuente”. ¿La respuesta? Opacidad.
“El Ministerio de Justicia ha facilitado solo parte de la información. No confirman quién está detrás ni qué empresas están subcontratadas. Pedimos a Hacienda también los datos, pero nos dijeron que imposible. Está todo organizado para evitar responsabilidades”, explica Javier de la Cueva a Teknautas.
Es imposible encontrar rastro en el BOE de las adjudicaciones públicas concedidas por Justicia para crear LexNet. El motivo: se utilizó la fórmula de ‘encomienda de gestión‘, una modalidad por la que una administración contrata a otra y así evita tener que publicar detalles sobre las adjudicaciones. Todo queda en casa. Justicia solo detalla hasta nueve adjudicaciones entre 2010 y 2016 por un total de más de 7,2 millones de euros a ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A.) Se trata de una empresa pública de consultoría e ingeniería al servicio de la administración. ¿A qué empresas privadas ha subcontratado ISDEFE para crear LexNet? ¿Dónde se han ido los más de 7 millones de euros de dinero público antes del 2010, periodo que el Ministerio de Justicia no detalla? ¿Por qué no hay más información?
“Es una forma de evitar dar nombres y cifras de contratos, de evitar la transparencia”, explica una fuente conocedora de las adjudicaciones que prefiere mantener el anonimato. Precisamente el Tribunal de Cuentas pidió a comienzos de año revisar la figura de las encomiendas de gestión por favorecer la opacidad de los contratos públicos. Sin embargo, múltiples documentos y fuentes consultadas por este diario permiten hacerse una idea de cuál es la foto real detrás. En total, hay media docena de empresas que han sido las creadoras (en mayor o menor medida) del ‘desastre LexNet’.
Avalon: casi dos millones de euros
Según las fuentes consultadas por este periódico, Avalon, un grupo de consultoría tecnológica con más de 1.000 empleados y cinco oficinas (Madrid, Barcelona, Pamplona, Santander y Bilbao), fue una de las primeras compañías que desarrollaron trabajos para LexNet ya en el 2010. Con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una adjudicataria de referencia en el desarrollo y mantenimiento de la plataforma. Es de hecho la empresa que más de cerca trabaja en la actualidad con la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia (SGNTJ) y una de las responsables de LexNet hoy en día.
El valor de Avalon residió en el desarrollo del E-Justice Communication Data Exchange (e-Codex), un proyecto que establece las vías de comunicación ‘online’ entre los organismos policiales y judiciales de países de la Unión Europea. En este sentido, Avalon fue la empresa a la que, en junio de 2014, ISDEFE adjudicó el contrato para un servicio de asistencia técnica para el mantenimiento evolutivo de PIAC (Plataforma Integrada de Actos de Comunicación) y apoyo los proyectos pilotos e-Codex, todo ello en un proyecto de seis meses y por valor de 251.878 euros.
Además, en su informe de transparencia, ISDEFE también asegura haber adjudicado en abril de 2015 un contrato de 398.483 euros que incluía entre sus labores el desarrollo de e-Codex, aunque la empresa pública no especifica el nombre de la firma adjudicataria.
En cualquier caso, Avalon cuenta con otras tres adjudicaciones de ISDEFE: una de 196.526 euros en calidad de ‘Estudio de Calidad de las Aplicaciones Judiciales’ en 2014 y otras dos en calidad de ‘Servicio de Consultoría en Diseño, Ejecución y Documentación de Pruebas de Aplicaciones Judiciales’: la primera de ellas fue concedida en junio de 2014 (519.960 euros) y la segunda en octubre de 2015 (913.248 euros).
Satec: de principio a fin
Satec, con más de 1.000 empleados y oficina en diez países, es una de las poquísimas compañías que reconoce abiertamente haber trabajado en LexNet. De hecho, incluso habla de ello en su propia web.
Asegura ser uno de los proveedores más prolíficos. Según sus propias palabras, Satec ha estado presente en todas las fases de LexNet: su conceptualización, su análisis previo, su desarrollo, el diseño de su software y su hardware e incluso su implementación.
Así pues, Satec presume de haber jugado un papel importante en labores como la interconexión de los distintos agentes del sistema judicial, así como el desarrollo de la tecnología que habilita el registro, la autenticación y la firma de los usuarios.
Además, la compañía asegura haber ejecutado diversas tecnologías que garantizan la seguridad de LexNet ante posibles ataques o infecciones.
Novasoft
El grupo Novasoft, que cuenta con más de 20 empresas participadas y 1.300 empleados, ha sido, junto con Indra (aunque con un papel mucho menos relevante), una de las compañías cuya gran parte del trabajo se ha centrado en la implantación de LexNet en diversas comunidades autónomas.
De Novasoft constan tres adjudicaciones relacionadas de manera directa con LexNet. La primera llegó el 16 de septiembre de 2011, cuando la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Sadesi) le adjudicó la implantación y formación del sistema de notificaciones de LexNet en juzgados y colegios de procuradores de Andalucía.
No sería su último contrato con Sadesi. Apenas un mes después, en octubre, la entidad pública andaluza le otorgaba un contrato para el ‘Servicio de Despliegue, Configuración, Formación y Soporte a la Implantación Lexnet en Juzgados y Colegios de Procuradores de la Comunidad Autónoma de Andalucía’.
Fuera de esta comunidad, el 30 de septiembre de 2011 Red.esle otorgó a Novasoft los ‘Servicios para la implantación de Lexnet en la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana’.
Sermicro
El grupo Sermicro, con presencia en varios países y 32 años de trayectoria, es un proveedor habitual del Ministerio de Justicia. También ha coincidido con IECISA (Informática El Corte Inglés), concretamente en varias tareas de implantación de LexNet en diversas comunidades autónomas e instituciones.
Y es que entre 2012 y 2013 ambas compañías se encargaron de la implantación y adecuación de LexNet en los servicios de informática de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.
De hecho, según las fuentes consultadas por Teknautas, gran parte del trabajo de Sermicro ha sido realizando labores de soporte y resolución de incidencias de LexNet en diversos organismos públicos.
Indra: adaptación en CCAA
Respecto a su participación en el desarrollo de LexNet, la compañía asegura que trabaja para el Ministerio de Justicia desde hace años prestando “servicios de coordinación en la adaptación y la implantación” en determinadas comunidades autónomas o ciudades de todos los proyectos o sistemas del Ministerio, pero “no en el dimensionamiento inicial de la plataforma, ni en su desarrollo, mantenimiento o resolución posterior de incidencias. Tampoco prestamos servicios de ciberseguridad relacionados con LexNet”, asegura un portavoz.
IECISA: piloto inicial y “puerta”
Fue de las primeras empresas privadas en trabajar con el Ministerio de Justicia en el desarrollo inicial de LexNet hace ya 16 años. Informática El Corte Inglés (IECISA) creó entre 2001 y 2003 un sistema piloto de ‘software’ y ‘hardware’ (a base de lectores) que nunca llegó a buen puerto. Tras tres años de pruebas internas, Justicia descartó por completo a la compañía y optó por desarrollos internos y confiar paulatinamente en otras empresas.
“Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en la actualidad con LexNet, hace 14 años que dejamos de estar involucrados en el proyecto. Hemos hecho algún otro trabajo para Justicia, pero nada que ver con LexNet”, confirma un portavoz de la compañía. Otra fuente conocedora de la situación y ajena a la compañía lo ratifica: “Hicieron los desarrollos iniciales, se abandonaron y puerta”.
Fuente: El Confidencial