El gobierno rechaza regular el acceso ciudadano a las grabaciones telefónicas de las ‘telecos’

El gobierno rechaza regular el acceso ciudadano a las grabaciones telefónicas de las ‘telecos’

 

El Ministerio de Industria no ve aconsejable regular por ley el acceso de los ciudadanos a la grabaciones de las conversaciones telefónicas que mantengan con las teleoperadoras, pese a la recomendación que le ha hecho la defensora del Pueblo.
El Gobierno ha respondido en ese sentido en una respuesta a una pregunta del diputado de La Izquierda Plural Chesús Yuste, sobre si el Ejecutivo tiene previsto atender la petición de la Oficina del Defensor del Pueblo.

 
La institución que dirige Soledad Becerril señala en su último informe anual que ha recibido un elevado número de quejas de ciudadanos por la negativa de las compañías de telecomunicaciones a facilitar el acceso al contenido de las grabaciones de las llamadas telefónicas existentes, sobre todo aquellas relacionadas con los servicios contratados y las reclamaciones efectuadas.

 
Para el Defensor del Pueblo, “esta práctica habitual y generalizada aboca a los interesados a una situación de desprotección y desequilibrio en sus relaciones con los operadores, máxime cuando estos últimos, para corroborar la existencia de una actuación concreta, hacen referencia al contenido de unas grabaciones q ue, según el ciudadano, no se corresponderían con la realidad y a las que se les deniega el acceso”.

 
“Las compañías pueden hacer uso de las grabaciones efectuadas cuando lo estiman oportuno y, sin embargo, los ciudadanos no tienen acceso a las mismas. A esto hay que añadir que en el momento en el que se solicita el consentimiento para efectuar las grabaciones no se informa a los clientes de que su aceptación no supone un derecho de acceso a los contenidos, aun en el caso de estimarlo oportuno y favorable a sus intereses”, añade el informe anual, que pedía el reconocimiento legal en la nueva Ley General de Telecomunicaciones.

 
DESEQUILIBRIO
Pero el Gobierno, en la respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Servimedia, indica que ha analizado la sugerencia de la defensora pero ha concluido que “no procede” ese cambio normativo por varias razones.
En primer lugar, dice la contestación, porque “la normativa comunitaria sobre telecomunicaciones no contiene ningún precepto en este sentido, específico de este sector, ni la directiva que regula los derechos de los usuarios ni la relativa a la protección de datos y la privacidad en el uso de servicios de comunicaciones electrónicas”.

 
Además, añade que el posible acceso a las grabaciones por parte de los consumidores y usuarios “no es un problema específico del sector de los servicios de comunicaciones electrónicas”. “De hecho, la contratación telefónica es utilizada en otros sectores, como el financiero, el de seguros o el eléctrico, por citar algunos”.
“Todo ello desaconseja que se incluya un precepto como el recomendado por el Defensor del Pueblo, ya que, de hacerlo, se estaría incurriendo en un desequilibrio entre sectores (una ‘sobrerregulación’ en el sector de las telecomunicaciones) y demás podrían estarse vulnerando competencias autonómicas, al no tratarse de una cuestión específica, sino general”, agrega la respuesta parlamentaria.

 

 

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