21 Oct Europa, contra los servicios secretos de Estados Unidos
Las autoridades de protección de datos de la Unión Europea consideran que “es absolutamente imprescindible contar con una posición sólida, colectiva y común sobre la aplicación de la sentencia”. Por otra parte, aseguran que observarán de cerca la evolución de los procedimientos pendientes ante el Tribunal Supremo de Irlanda.
Las autoridades de los Estados miembros, reunidas en el Grupo de Trabajo del Artículo 29, del que forma parte la Agencia Española de Protección de Datos, publicaron ayer una declaración conjunta sobre las primeras consecuencias tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 6 de octubre de 2015.
El grupo de trabajo advierte que “si a finales de enero de 2016 no se ha encontrado una solución adecuada con las autoridades estadounidenses, y en función de la evaluación de las herramientas de transferencia por parte del grupo de trabajo, las autoridades de protección de datos de la UE adoptarán todas las medidas necesarias y apropiadas, que pueden incluir acciones coordinadas de aplicación de la ley (enforcement)”.
Los organismos subrayan que “la cuestión de la vigilancia masiva e indiscriminada es un elemento clave del análisis del Tribunal”. Recuerda que ha declarado “reiteradamente” que dicha vigilancia es incompatible con el marco jurídico de la UE y que las herramientas de transferencia existentes no son la solución a este problema.
Además, las autoridades sostienen que “las transferencias a terceros países en los que los poderes de las autoridades estatales para acceder a información exceden de lo necesario en una sociedad democrática no serán consideradas como destinos seguros para las transferencias”. En este sentido, la sentencia del Tribunal europeo exige que cualquier decisión de adecuación implique un amplio análisis de las leyes nacionales del país destinatario de los datos, así como de sus compromisos.
Iniciar conversaciones
Los organismos de protección de datos hacen un llamamiento urgente a los Estados miembros y a las instituciones para iniciar conversaciones con las autoridades de Estados Unidos y encontrar soluciones políticas, jurídicas y técnicas “que permitan transferencias de datos al territorio de Estados Unidos, respetando los derechos fundamentales”. El Grupo insta a negociar un acuerdo intergubernamental “que proporcione mayores garantías a los interesados en la UE”.
Sostiene que las actuales negociaciones en torno a un nuevo Puerto Seguro podrían ser una parte de la solución. “En cualquier caso, estas medidas deberían ir siempre acompañadas por mecanismos claros y vinculantes e incluir, al menos, obligaciones sobre la necesaria supervisión del acceso por parte de las autoridades públicas, sobre transparencia, proporcionalidad, mecanismos de reparación y derechos recogidos en la legislación de protección de datos”, indica.
Por otra parte, las autoridades consideran que las Cláusulas Contractuales Tipo y las Normas Corporativas Vinculantes (BCRs) pueden seguir utilizándose. Sin embargo, subrayan que “esto no impedirá que las autoridades de protección de datos investiguen casos particulares y ejerzan sus poderes con el fin de proteger a las personas”.
El grupo de trabajo considera que “las transferencias a Estados Unidos ya no se pueden enmarcar en la Decisión europea. Concluye que “las transferencias que aún se estén llevando a cabo bajo la Decisión Puerto Seguro tras la sentencia del TJUE son ilegales”.
Fuente: El Economista
